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La custodia compartida se ha consolidado en el ordenamiento jurídico español como el régimen preferente para el ejercicio de la responsabilidad parental tras la ruptura familiar, según la doctrina del Tribunal Supremo (STS 175/2021). Este modelo busca replicar la convivencia pre-ruptura, fomentando la integración del menor con ambos progenitores. Sin embargo, cuando interviene la discapacidad —ya sea del menor o de uno de los padres— surge la necesidad de equilibrar el interés superior del niño (art. 3 Convención de Derechos del Niño) con el derecho a formar familia de las personas con discapacidad (art. 23 CDPD).
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por España en 2007, impone a los Estados la obligación de proporcionar apoyos para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos parentales en igualdad de condiciones. La reciente reforma de la Ley 8/2021 introduce el modelo social de discapacidad, priorizando apoyos sobre limitaciones individuales, lo que transforma la perspectiva judicial en casos de familia.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de febrero de 2021 (SAP Córdoba nº 201/2021) es un referente clave. En este caso, una madre con hemiplejía derecha y afasia motora post-derrame cerebral obtuvo custodia compartida pese a la oposición del padre, quien alegaba su incapacidad. La Sala rechazó que la discapacidad per se impida la guarda, valorando holísticamente: aptitudes previas, apoyos familiares (hermano conviviente) y el funcionamiento exitoso del régimen provisional.
La sentencia prioriza el interés superior del menor sobre cualquier conflicto aparente de derechos, citando STS 3561/2020. No existe colisión entre art. 23 CDPD y el bienestar infantil, ya que los apoyos externos mitigan barreras. Se alude al TEDH (STEDH Kacper Nowakowski vs. Polonia, 2017), obligando a eliminar obstáculos para el contacto parental.
Se evalúan factores como memoria visual deficitaria y movilidad limitada, pero se contraponen con integración social de la madre y colaboración parental, demostrando que la discapacidad no equivale a ineptitud cuando hay provisión de apoyos informales.
Aunque progresiva, la sentencia genera interrogantes: ¿qué ocurre sin apoyos familiares? La autora Torres Costas propone el «sistema de mesa redonda» de la reforma 8/2021, con equipos interdisciplinares para diseñar planes individualizados de apoyo, evitando discriminación indirecta.
Esta aproximación alinea con la Observación General 1 del Comité CDPD, reconociendo capacidad jurídica plena, incluyendo la de obrar en decisiones familiares.
Cuando el menor presenta discapacidad, la custodia compartida no es descartable a priori, pero exige evaluación rigurosa de necesidades especiales (STS 29 abril 2013). Se ponderan aptitudes parentales, deseos del niño (si competente), informes psicosociales y estabilidad emocional. La CDPD art. 23.2 vela por asistencia parental adaptada.
Contrasta la SAP Córdoba 23 enero 2018, que impuso custodia compartida pese a oposición paterna ante hijo con discapacidad, con STS 19 octubre 2017, que la denegó por riesgos. La SAP Barcelona 28 febrero 2008 rechazó compartida a padre con minusvalía física, reflejando paradigmas médicos obsoletos.
| Caso | Decisión | Factor Clave |
|---|---|---|
| SAP Córdoba 201/2021 | A favor (madre discapacitada) | Apoyos y funcionamiento práctico |
| SAP Barcelona 2008 | En contra (padre discapacitado) | Discapacidad física per se |
| STS 175/2021 | A favor general | Integración y cooperación parental |
Estas sentencias ilustran la evolución hacia el modelo social: de exclusión automática a evaluación contextual.
Implementar estos pasos desde fases iniciales maximiza probabilidades de éxito, priorizando estabilidad del menor.
Transitar del modelo médico (discapacidad como limitación inherente) al social (barreras ambientales superables) requiere protocolos judiciales estandarizados. El Proyecto de Ley de apoyo a la capacidad jurídica (2021) refuerza esto con ajustes razonables en procesos familiares.
Estudios como los de García Rubio (2020) confirman que la compartida beneficia emocionalmente incluso en vulnerabilidades, si hay cooperación parental.
Si eres padre o madre con discapacidad o tienes un hijo con necesidades especiales, recuerda que la ley protege tu derecho a la custodia compartida. No es la discapacidad lo que decide, sino cómo se gestionan los apoyos y el bienestar del niño. Casos como el de Córdoba muestran que con familia cercana o servicios sociales, es viable y beneficioso mantener contacto equitativo con ambos padres.
Busca asesoría legal temprana, solicita informes periciales y prioriza el diálogo. El interés del menor siempre guía, pero la igualdad es un derecho: exige los apoyos que la CDPD garantiza para formar familia sin discriminación.
La jurisprudencia reciente (SAP Córdoba 2021, STS 175/2021) consolida el art. 92.8 CC con art. 23 CDPD, rechazando la discapacidad como exclusión automática. Recomendamos invocar sistemáticamente la LO 8/2021 para mesas redondas interdisciplinares, integrando peritos en discapacidad social (ONU Relatora Especial A/HRC/43/41). Esto previene recursos y alinea con TEDH.
En litigios, cuantifica apoyos (costes, formalización vía servicios sociales) y cita Observaciones Generales CDPD (nº1, nº3). Para menores discapacitados, pondera STS 391/2015 con pruebas empíricas de viabilidad logística. Futuras reformas deben protocolizar evaluaciones holísticas para uniformidad jurisprudencial.
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